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La Secretaría de Hacienda, representada por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), tomó por asalto las instalaciones del Estadio Cuauhtémoc con el fin de iniciar una auditoria en contra de la administración del Club Puebla, por su vínculo con la empresa IDN Consultores, acusada de ayudar a sus clientes a evadir sus obligaciones fiscales. Operativo que incluyó la presencia de al menos trece representantes del departamento jurídico del SAT, así como de veinte elementos de la policía federal, recordando que dicha persecución se inició en otros estados del país como Nuevo León, Jalisco, Chiapas y el Distrito Federal. Cabe hacer mención que este conflicto no es nuevo, pues en 2009 se dejaron al descubierto las anomalías en las que había incurrido dicha empresa, en la que incluso se involucró al técnico José Luis Sánchez Solá, así como a jugadores de la talla de Jorge Villalpando, Álvaro González y Felipe Ayala.

PUEBLA, Pue.- Con apoyo de la Policía Federal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició una auditoría en el despacho Inteligencia en Dirección de Negocios (IDN) y en las oficinas del equipo de futbol Puebla de La Franja, ante presunta evasión fiscal. La firma IDN ha asesorado a equipos de futbol –y es patrocinador del Puebla- para no pagar impuestos, ni hacer retenciones por los salarios que pagan a los futbolistas, según la Procuraduría General de la República (PGR), a través de un comunicado. A la par, también hubo intervención de personal del IMSS y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), resguardados por efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). La dependencia indicó que, desde el 16 de junio de 2008, se informó en el comunicado 39/2008, que el SAT, el IMSS y el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), detectaron estos esquemas abusivos de sustitución laboral en diversas empresas, por lo que se firmó un acuerdo de colaboración para el intercambio de información entre dependencias.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ejecutó acciones de fiscalización en contra del despacho Inteligencia en Dirección de Negocios (IDN) por prácticas fiscales indebidas en cuatro entidades federativas del país. Mediante un comunicado, la utoridad fiscal informó que IDN asesora a clientes para incurrir en prácticas de evasión fiscal en los esquemas de suministro personal (outsourcing), los cuales se realizan utilizando la naturaleza legal jurídica de diversas sociedades mercantiles. IND, dijo, asesora a equipos de futbol para realizar actividades tendientes a evadir la acción de las autoridades fiscales y no pagar las retenciones por los salarios que se pagan a los jugadores. Los probables responsables de incurrir en este tipo de conductas, una vez que se haga la investigación necesaria y se presente la querella correspondiente, podrían llegar a ser sujetos de acciones penales en su contra.

El Sistema de Administración Tributaria advirtió a los empresarios que recurrieron a las presuntas prácticas ilegales del despacho contable Álvarez Puga y Asociados a que en un plazo no mayor a 15 días regularicen su situación ante esa instancia, a fin de no hacerse acreedores a sanciones. “Se le hace saber que de no atender esta invitación dentro del plazo antes citado —plazo no mayor a quince días hábiles contados a partir del día siguiente que reciba el presente oficio—, esta autoridad fiscal procederá a ejercer sus facultades de comprobación, de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación”, indica un oficio girado a los clientes del despacho intervenido por abusar del esquema del outsourcing. “(La terciarización) conllevan la omisión en el pago de impuestos, son contrarias a derecho y dan lugar a sanciones no sólo administrativas, sino también de otra índole”, señala el SAT en este documento que está siendo entregado a los clientes del despacho Álvarez Puga. A finales de abril, el SAT, la PGR y el IMSS realizaron un operativo en siete de las 45 ciudades donde opera Álvarez Puga y Asociados, debido a que presuntamente este despacho asesoró a sus clientes para que incurran en conductas de evasión fiscal mediante el outsourcing.

Los servidores públicos federales, aquellos que están obligados a presentar su declaración patrimonial, tienen hasta el 31 de mayo próximo para tramitar, ante el Servicio de Administración Tributaria su correspondiente firma electrónica, necesaria para cumplir con dicho trámite, informó Felipe Sánchez Brito Administrador Local de Asistencia al contribuyente. Precisó que el Sistema de Administración Tributaria se limita, por ley, a generar la firma electrónica avanzada a los servidores públicos federales, los que necesariamente tienen que cumplir con hacer y declaración patrimonial, vía electrónica, ante la Secretaría de la Función Pública.

El uso de la factura electrónica por todos los contribuyentes podría tardar hasta cuatro años, a pesar de que el 1 de enero del 2011 se cumple el plazo para que quienes facturen más de 2 mil pesos lo hagan mediante medios electrónicos, admitió el Servicio de Atención Tributaria (SAT). Jorge Luis Ibarra López, director de sistemas y comunicaciones SAT, comentó que entrará en vigor un programa el primer minuto del próximo año, pero se tomará más tiempo en articularlo y contar con la cobertura total. “Se tienen dos planteamientos generales y se basan en la respuesta que tenga el mismo mercado, pues es muy difícil que la administración tributaria pueda, por si misma, decirle al mercado a que ritmo va a crecer, estamos ajustando los modelos oferta demanda”, indicó. Hay un plazo de dos años para el uso de la factura electrónica, aunque las facturas en papel aún existen y se pueden seguir utilizando en forma regular. Además de que se espera que en ese plazo haya certidumbre y se reúnan todos los mecanismos de seguridad, explicó. “Y en un plazo corto, que no va más allá de cuatro años, se podrá hacer una cobertura total de las operaciones electrónicas en el país”, afirmó.

Derivado que el Agente del Ministerio Público de la Federación encabezara a finales de abril un operativo conjunto en siete domicilios del despacho contable 'Álvarez Puga y Asociados', ubicados en diversos estados de la República Mexicana, como parte de una investigación oficial por presunta evasión fiscal y daños al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el SAT ha advertido a las empresas que 'fueron asesoradas' por ese despacho que de no regularizar su situación en un plazo de 15 días naturales se harán acreedores a sanciones. De esta forma el Sistema de Administración Tributaria ha convocado a los empresarios que, bajo la asesoría de los Álvarez Puga, incurrieron en prácticas de Outsourcing para que regularicen su situación. De no hacerlo se podrían hacer acreedores 'no sólo a sanciones administrativas', advierte la instancia federal. La serie de investigaciones en contra del despacho, iniciaron por la denuncia que interpuso el IMSS en la Procuraduría General de la República por la falta de pago de varias empresas, que asesoradas fiscalmente por la firma, incursionaron en el sistema de outsourcing, que consiste en evadir impuestos mediante argucias legales, pagándoles a los empleados por su productividad pero negándoles las prestaciones de ley

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió una alerta de ataques informáticos contra los contribuyentes, a quienes bajo la promesa de devolver supuestos saldos a favor a nombre de ese organismo se les piden datos personales para el robo de información confidencial. Por medio de al menos seis direcciones electrónicas los piratas informáticos han desplegado el envío de correos electrónicos para sorprender a los contribuyentes. Informó que los remitentes apócrifos detectados son contacto@sat.com.mx, contacto@shcp.com, contacto@shcp.gob.mx, sat@shcp.org.mx. El más reciente es info@tax refund2010.com.mx. Ninguno, dijo el organismo fiscal, pertenece al SAT ni a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ni a la Secretaría de Economía (SE).

El SAT, que encabeza Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, se ha negado en forma tajante a entregar la información sobre los montos y nombres de los beneficiados por la cancelación de los créditos fiscales, con el argumento de que constituye una violación al secreto fiscal. El caso se ha convertido en el más controvertido en los seis años de existencia del IFAI y ha generado una gran polémica entre quienes defienden la postura del SAT, por el temor de que se siente un precedente negativo que permita la divulgación de información confidencial de los contribuyentes y quienes sostienen que debe haber una apertura de la información para avanzar en transparencia y porque la cancelación de los créditos fiscales en 2007 implicó para el erario público un quebranto de cerca de 74 mil millones de pesos. Al respecto Ángel Trinidad Zaldívar, comisionado del IFAI y el principal defensor de la apertura de la información, explica que este monto equivale a seis veces el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social. Asegura que no hay violación al secreto fiscal y sostiene que esta información sí debe divulgarse por ser de obvio interés público y porque permitirá saber si realmente las autoridades no actuaron con discrecionalidad. Por su parte, el SAT insiste en actuar conforme a la ley y que la cancelación de los créditos, que no elimina la obligación de pagar el adeudo fiscal, se realizó mediante un proceso informático con varios criterios: si el deudor falleció o desapareció sin dejar bienes a su nombre; si fue declarado en quiebra; cuando no hay datos que permitan identificarlo; en créditos de ocho años o más de antigüedad; y cuando son menores a 11 mil 500 pesos y tienen más de tres años de antigüedad. Lo que resulta extraño es que el SAT no esté dispuesto a divulgar la información, incluso de los deudores que ya fallecieron o que fueron declarados en quiebra, porque evidentemente se trata de créditos que ya no podrían ser cobrados y en los que se justifica la cancelación. El próximo 19 de mayo será un día clave en esta controversia ya que se realizará la audiencia para que el juez determine si otorga o no la suspensión definitiva en el juicio de amparo que presentaron los principales funcionarios del SAT para no entregar la lista de los beneficiados

.- El Servicio de Administración Tributaria, SAT, no ha recuperado ni el uno por ciento de los casi 260 millones de pesos de las multas aplicadas por el Instituto Federal Electoral a concesionarios de radio y televisión y a personas físicas y morales, según el informe que presentará hoy la secretaria ejecutiva al Consejo General. Durante 2009 y lo que va de 2010, el IFE aplicó un total de 256 millones 777 mil pesos a medios de comunicación infractores, de los cuales el SAT ha recuperado 266 mil pesos, y a personas físicas y morales las multó con 2 millones 982 mil pesos, de los cuales sólo han sido pagados 580 mil pesos, dice el informe. Cabe aclarar que en el caso de las sanciones a los partidos políticos, el monto se resta de sus ministraciones de gasto ordinario, y el plazo, conforme a lo que se determine en la resolución, pero para medios y personas las multas deberán ser pagadas en la Dirección Ejecutiva de Administración del IFE, y si el infractor no cumple con su obligación, se dará vista a las autoridades hacendarias, a efecto de que procedan a su cobro conforme a la legislación aplicable.

Ciudad de México.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) deberá explicar por qué pretende obtener espacios para propaganda gubernamental en radio y televisión, durante los procesos electorales locales, en marcha en el país, según acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral (CGIFE). Al respecto el consejero electoral Virgilio Andrade pidió que se estudie exactamente cuál fue la petición y el objeto, 'porque da la impresión que se trata de una petición para publicidad de impuestos federales no de impuestos locales y si es de impuestos federales, la publicidad debió terminar el 30 de abril'. Por ley, el IFE debe otorgar tiempos en medios electrónicos a la Lotería Nacional, a la Secretaría de Salud, al Banco de México; y al SAT, 'para incentivar el pago de impuestos y el cumplimiento de las obligaciones fiscales en aquellas entidades que tendrán proceso electoral durante 2010, siempre y cuando no se incluya ninguna referencia o logotipo del Gobierno Federal o logros de las instituciones, pero podrá utilizarse el logotipo oficial'. Por su parte, el consejero Marco Antonio Gómez expresó que 'es muy importante también solicitarle explicación sobre qué impuestos son los que se pretenden cobrar, porque hay que recordar que en el tema del SAT se autorizó la difusión de propaganda, de forma paralela a las campañas electorales locales, por tratarse de contribuciones federales.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició la cuarta emisión de devoluciones automáticas de saldo a favor del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para los contribuyentes que cumplieron con su declaración anual del 19 al 25 de abril pasados. En un comunicado, el SAT precisó que en esta emisión se autorizaron 89 mil 200 devoluciones aproximadamente, lo que representa un importe de más de 670 millones de pesos. Detalló que con esta cuarta emisión se habrán devuelto en total más de mil 670 millones de pesos a por lo menos 215 mil 800 contribuyentes que cumplieron puntualmente.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recibió al 3 de mayo más de dos millones de declaraciones anuales de personas físicas correspondientes al ejercicio fiscal del año pasado, esto es, 15 y 75 por ciento más de las presentadas en el mismo periodo de 2008 y 2009, respectivamente. Cabe destacar que el año anterior, la autoridad encargada de recaudar los impuestos del país amplió el plazo al primero de junio para cumplir con el fisco, debido al cerco sanitario que el gobierno federal instauró para enfrentar el virus de la influenza humana. El SAT realizó la cuarta devolución de los contribuyentes que presentaron de forma correcta su declaración durante el periodo que va del 19 al 25 de abril. En esta emisión, señaló, se autorizaron más de 89 mil 200 devoluciones, que representa un monto de más de 670 millones de pesos. La dependencia señaló que las devoluciones automáticas suman en total de mil 670 millones de pesos, mediante 215 mil 800 operaciones. Aun cuando el periodo para presentar la declaración

¿Quién tiene la razón? El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) entraron en una discusión que sólo la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá resolver. El tema, como se recordará, obedece a la insistencia del IFAI para que el SAT revele los nombres de los contribuyentes que se beneficiaron con la cancelación de créditos fiscales de 2007. Para algunos, este caso parecía ya en el olvido, pero la gente de la comisionado presidente Jacqueline Peschard insistió en su carácter de obligatoriedad para que el SAT haga pública dicha información. Por su parte, el órgano recaudador que lleva Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena advierte del riesgo para cualquier funcionario que divulgue la lista de los contribuyentes, pues se estaría violando el secreto fiscal. Mientras son peras o manzanas, el SAT ya inició su defensa legal. Procedió al trámite de amparo de su titular y de varios servidores públicos, con la finalidad de que puedan estar con la protección de la justicia federal en tanto se analiza a fondo la resolución del IFAI. Al interior del SAT se debate sobre lo complejo del dilema. Por un lado, la defensa del secreto fiscal y, por otro, acatar el compromiso de transparencia. Eso sí, dicen que no hay preocupación por los nombres que pudieran aparecer, porque no hay nada qué esconder, sino que lo inquietante del asunto está en el fallo legal que delinee finalmente qué criterio se privilegió y, con éste, conocer la reacción de los involucrados

La semana próxima se realizará la audiencia constitucional en relación a los amparos solicitados por funcionarios del Servicio de Administración Tributaria contra una resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública que les obliga a revelar a los beneficiarios por la cancelación de créditos fiscales Estamos hablando de 711 mil 626 casos, cuyo monto global de adeudos al fisco alcanza 73 mil 900 millones de pesos, comparables con la recaudación adicional al elevarse en un punto la tasa del Impuesto al Valor Agregado. Como usted sabe, los 17 reclamantes de la protección de la justicia, encabezados por su presidente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, habían obtenido una suspensión provisional, que fue derribada por un Tribunal Colegiado tras la imposición de un recurso de revisión por parte del propio órgano demandante. Lo que está en juego es la posibilidad de una suspensión definitiva, en cuyo caso el litigio podría llegar hasta la Suprema Corte de Justicia, sea porque el propio SAT reclame una resolución de fondo del asunto, o porque el IFAI vuelva a recular. El empecinamiento del organismo recaudador de tributos se apuntala en que se ubica en un escenario peor que el perro de los dos tortas, dado que si soslaya la resolución del IFAI podrían los funcionarios de la discordia ser inhabilitados para ocupar cargos públicos, y si la acatan, podrían ir a la cárcel. En la balanza, pues, están dos guillotinas: la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, y las leyes que protegen el secreto fiscal, en un escenario en que el SAT no es dueño del listado ni su fedatario.