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México, DF. El gobierno capitalino condonó el pago de derechos por el suministro de agua del ejercicio fiscal 2010, así como los recargos y sanciones, a contribuyentes de 75 colonias populares de Iztapalapa que carecen del líquido o que les llega una vez por semana.
Washington, DC, 20 de abril. El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó a los gobiernos de los países más desarrollados, integrantes del Grupo de los 20 (G-20), aplicar impuestos a las transacciones y ganancias de los bancos privados, como mecanismo para “pagar por futuros” rescates gubernamentales.
En el año 2000, las cifras de la Secretaría de Hacienda sumaron 498 mil 476 millones de pesos.
Altos funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) encabezados por su presidente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, presentaron una demanda de amparo para frenar una orden del IFAI que los obliga a difundir los nombres de cientos de miles de contribuyentes beneficiados con la cancelación de créditos fiscales.
La dependencia rechazó que el gasto corriente y los servicios personales se hayan incrementado en la administración pública federal.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) proyectó que tendrán 100 mil declaraciones anuales menos de personas físicas este año. Carlos Garza Cantú Aguirre, administrador general de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó que el techo que se plantearon en al dependencia es de 2 millones 100 mil declaraciones anuales correspondientes al ejercicio fiscal de 2009.
partir del primer minuto del próximo año todas las empresas y personas físicas que realicen una transacción superior a los 2 mil pesos tendrán que expedir facturas digitales. El cambio forma parte de acciones de la autoridad para apretar la fiscalización entre los contribuyentes que fue avalada por el Congreso mexicano el año pasado.
Sin identificar al deudor, refirió el SAT, hay un gran total de 352 mil 714 créditos fiscales. De ellos, “no se tienen datos suficientes” que permitan identificarlos, motivo por el cual no se ha podido cobrar “un importe histórico de 24 mil 316 millones de pesos”.
La comisión que cobrarán los bancos por aceptar el pago de impuestos a través de tarjetas de crédito es el único obstáculo para poder dar luz verde al programa que debió haber iniciado el año pasado, reconoció el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La Secretaría de Hacienda ajustó al alza su perspectiva de crecimiento de la actividad económica nacional para este año, de 3.9 a 4.1 por ciento; el precio del barril del petróleo lo mejoró de 59 a 65.03 dólares y poryectó 23 mil 800 millones de pesos más por concepto de más ingresos vía la factura petrolera.
El domingo 4 de abril comenzará de nueva cuenta la aplicación del horario de verano, que en sus 14 años de vigencia “ha permitido el ahorro de 16 mil 83 millones de kilovatios-hora, de 3.15 millones de barriles de petróleo crudo equivalente anuales, y abatir la emisión de 22.2 millones de toneladas de bióxido de carbono”, según la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee).
La fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados promueve reformas a la Constitución para dar plena autonomía al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El incremento de los precios en los servicios de telecomunicaciones, provocado por el alza en el impuesto especial sobre productos y Servicios (IEPS), empieza a resentirse en el sector, afirman especialistas.
La propuesta de reforma fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que generaliza el IVA a 15% y reduce el ISR a una banda de 22% y 23%, fue considerada por el PRI y PAN en la Cámara de Diputados, como un proyecto digno de ser analizado con profesionalismo, a fin de conocer los impactos que tendría en la economía y los contribuyentes.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) elabora un proyecto de reforma fiscal integral paralelo al de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), para poner ambos a consideración de los organismos que conforman el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y elegir el que sería presentado como la propuesta del sector privado ante el Congreso de la Unión.
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