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Por acuerdo previo, se suspenderán las operaciones de pago o depósito de dólares en efectivo en instituciones financieras del país. El anuncio será hecho en el transcurso de estos días, porparte del autoridades del gobierno y bancarias. Esto no implica que se establezcan controles cambiarios para la realización de actividades de comercio o la transacción en divisas. De acuerdo con informes disponibles, la venta de dólares continuará abierta en bancos y casas de cambio, pero no así la recepción de pagos en efectivo, salvo que se trate de personas físicas que tengan cuentas registradas con anterioridad en alguna institución. Especialistas mencionan que la decisión podría tener un impacto económico cercano al 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), dado que la principal restricción será para empresas, las que no podrán recibir pagos en dólares a menos que se queden con ellos, ya que los bancos no los recibirán más ni para depósitos en cuenta para inversión o para pago de créditos. Cabe destacar que en el caso de personas físicas, la restricción no será total, pues se autorizará a quien ya tenga cuenta (no que la abran), para realizar depósitos hasta por diez mil dólares –monto equivalente al autorizado para sacar fuera del país por persona–, pagos de tarjetas y depósitos en cuentas de inversión.

Un registro superior a los dos millones de declaraciones anuales 2009 de personas físicas reportó el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La autoridad fiscal informó que las declaraciones representan un incremento de 15% contra las presentadas en 2008 y 75% contra las de 2009, cuando el periodo se amplió por la contingencia sanitaria. En un reporte sobre la declaración anual 2009, el SAT detalló que 99% se recibieron por internet, cuando en 2003 solo se recibían 34% por ese medio. 'Este año se presentó un incremento en el uso de la Declaración Automática en línea, en comparación con el año pasado. Esto implica que 20% de los contribuyentes optaron por esta modalidad', detalló la autoridad. El SAT agregó que con el sexto depósito que comenzó ayer, son más de 383 mil contribuyentes a los que se les ha hecho su devolución automática, cuyo monto devuelto asciende a más de dos mil 880 millones de pesos

A partir de enero de 2011 será obligatoria la emisión de facturas electrónicas para comprobantes mayores a 2 mil pesos, y aunque la mayor parte de las grandes empresas llevan años utilizando este sistema, sus proveedores, mayoritariamente pequeñas y medianas empresas (pymes), ni siquiera conocen ni tienen planeado utilizar esta herramienta. “Lo que va a pasar es que los grandes corporativos van a empezar a jalar a las empresas pequeñas, los grandes corporativos con los que trabajamos les están enviando comunicados a su base de proveedores advirtiéndoles y ayudándoles, pero hay que ver que la factura electrónica puede dar dinamismo a las pymes para que extiendan sus mercados fuera de México o de su región, lo pueden tomar como una oportunidad para subirse al tren del comercio electrónico pues pueden estarse jugando el futuro de la empresa”, señaló Luis Fernando Osorio, director general IT Complements. Los grandes corporativos que facturan electrónicamente ya gozan de fuertes ahorros pues según datos de la Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico, (AMECE) una factura cuesta alrededor de 200 pesos desde que se crea, se reproducen las copias necesarias, hasta que se elimina luego de cinco años, lo que representa altos costos para compañías que emiten miles de comprobantes mensuales. IT Complements considera que la facturación electrónica inyectará dinamismo a las firmas, y por ende, a la economía.

El Congreso de la Unión exhortó al Banco de México para que se disminuyan las comisiones que cobran las instituciones financieras por el uso de cajeros automáticos de otros bancos. La Comisión Permanente aprobó solicitar a Banxico, y a las secretarías de Economía y de Hacienda, un informe sobre las consideraciones de si los problemas económicos que enfrentan países europeos han afectado, o podrían afectar a México, y, en su caso, cómo se enfrentarían sus consecuencias. Aprobó pedir un informe a Hacienda y al SAT para que explique alcances de la cuarta resolución miscelánea

Monterrey, NL.- Un operativo arrancó a nivel nacional por las autoridades del Servicio Administración Tributaria (SAT) para detectar empresas que brinden asesoría a otras, para ofrecer esquemas de evasión de impuestos. En Nuevo León el operativo arrancó cerca de la 11:00 de la mañana en la empresa EME recursos Empresariales S.A de C.V. , ubicada en la avenida Lincon No. 110 interior 2, en la Colonia Central, en Monterrey. Dicha empresa esta ligada con la compañía IDM Casto López, cuyo titular es Sergio Castro, quien se encargó de asesorar al equipo de los Indios de Juárez para no pagar las retenciones. Al lugar arribó personal del SAT, además de la Policía Federal, Ministerio Público Federal , Seguro Social y Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde revisaron el interior de las instalaciones donde se encontró una impresora, enfriadora de agua, teléfono, demás de la documentación con que cuentan para detectar otras empresas a las que les brinden el servicio de accesoria. Según el vocero, este operativo consiste en una notificación de visita domiciliaria para posteriormente continuar con el proceso. Estas empresas fueron detectadas tras varios meses de investigación.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ejecutó diversas acciones de fiscalización en cuatro entidades federativas del país contra el despacho Inteligencia en Dirección de Negocios (IDN) por prácticas fiscales indebidas. Agregó que a la fecha se han logrado determinar impuestos omitidos a los involucrados por 3 mil 400 millones de pesos, además de configurar diferentes casos relacionados con la comisión de delitos de defraudación fiscal, cuya pena se sanciona con prisión. A través de un comunicado, el órgano recaudador informó que el despacho dedicado a la asesoría de clientes en materia tributaria, incurrió en conductas de evasión en los esquemas de suministro de personal (outsourcing) que se realizan utilizando la naturaleza legal jurídica de diversas sociedades mercantiles. El SAT detalló que el despacho se dedicaba a asesorar a equipos de futbol para realizar actividades tendientes a evadir la acción de las autoridades fiscales y no pagar las retenciones por los salarios que se pagan a los jugadores.

La Secretaría de Hacienda, representada por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), tomó por asalto las instalaciones del Estadio Cuauhtémoc con el fin de iniciar una auditoria en contra de la administración del Club Puebla, por su vínculo con la empresa IDN Consultores, acusada de ayudar a sus clientes a evadir sus obligaciones fiscales. Operativo que incluyó la presencia de al menos trece representantes del departamento jurídico del SAT, así como de veinte elementos de la policía federal, recordando que dicha persecución se inició en otros estados del país como Nuevo León, Jalisco, Chiapas y el Distrito Federal. Cabe hacer mención que este conflicto no es nuevo, pues en 2009 se dejaron al descubierto las anomalías en las que había incurrido dicha empresa, en la que incluso se involucró al técnico José Luis Sánchez Solá, así como a jugadores de la talla de Jorge Villalpando, Álvaro González y Felipe Ayala.

PUEBLA, Pue.- Con apoyo de la Policía Federal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició una auditoría en el despacho Inteligencia en Dirección de Negocios (IDN) y en las oficinas del equipo de futbol Puebla de La Franja, ante presunta evasión fiscal. La firma IDN ha asesorado a equipos de futbol –y es patrocinador del Puebla- para no pagar impuestos, ni hacer retenciones por los salarios que pagan a los futbolistas, según la Procuraduría General de la República (PGR), a través de un comunicado. A la par, también hubo intervención de personal del IMSS y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), resguardados por efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). La dependencia indicó que, desde el 16 de junio de 2008, se informó en el comunicado 39/2008, que el SAT, el IMSS y el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), detectaron estos esquemas abusivos de sustitución laboral en diversas empresas, por lo que se firmó un acuerdo de colaboración para el intercambio de información entre dependencias.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ejecutó acciones de fiscalización en contra del despacho Inteligencia en Dirección de Negocios (IDN) por prácticas fiscales indebidas en cuatro entidades federativas del país. Mediante un comunicado, la utoridad fiscal informó que IDN asesora a clientes para incurrir en prácticas de evasión fiscal en los esquemas de suministro personal (outsourcing), los cuales se realizan utilizando la naturaleza legal jurídica de diversas sociedades mercantiles. IND, dijo, asesora a equipos de futbol para realizar actividades tendientes a evadir la acción de las autoridades fiscales y no pagar las retenciones por los salarios que se pagan a los jugadores. Los probables responsables de incurrir en este tipo de conductas, una vez que se haga la investigación necesaria y se presente la querella correspondiente, podrían llegar a ser sujetos de acciones penales en su contra.

El Sistema de Administración Tributaria advirtió a los empresarios que recurrieron a las presuntas prácticas ilegales del despacho contable Álvarez Puga y Asociados a que en un plazo no mayor a 15 días regularicen su situación ante esa instancia, a fin de no hacerse acreedores a sanciones. “Se le hace saber que de no atender esta invitación dentro del plazo antes citado —plazo no mayor a quince días hábiles contados a partir del día siguiente que reciba el presente oficio—, esta autoridad fiscal procederá a ejercer sus facultades de comprobación, de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación”, indica un oficio girado a los clientes del despacho intervenido por abusar del esquema del outsourcing. “(La terciarización) conllevan la omisión en el pago de impuestos, son contrarias a derecho y dan lugar a sanciones no sólo administrativas, sino también de otra índole”, señala el SAT en este documento que está siendo entregado a los clientes del despacho Álvarez Puga. A finales de abril, el SAT, la PGR y el IMSS realizaron un operativo en siete de las 45 ciudades donde opera Álvarez Puga y Asociados, debido a que presuntamente este despacho asesoró a sus clientes para que incurran en conductas de evasión fiscal mediante el outsourcing.

Los servidores públicos federales, aquellos que están obligados a presentar su declaración patrimonial, tienen hasta el 31 de mayo próximo para tramitar, ante el Servicio de Administración Tributaria su correspondiente firma electrónica, necesaria para cumplir con dicho trámite, informó Felipe Sánchez Brito Administrador Local de Asistencia al contribuyente. Precisó que el Sistema de Administración Tributaria se limita, por ley, a generar la firma electrónica avanzada a los servidores públicos federales, los que necesariamente tienen que cumplir con hacer y declaración patrimonial, vía electrónica, ante la Secretaría de la Función Pública.

El uso de la factura electrónica por todos los contribuyentes podría tardar hasta cuatro años, a pesar de que el 1 de enero del 2011 se cumple el plazo para que quienes facturen más de 2 mil pesos lo hagan mediante medios electrónicos, admitió el Servicio de Atención Tributaria (SAT). Jorge Luis Ibarra López, director de sistemas y comunicaciones SAT, comentó que entrará en vigor un programa el primer minuto del próximo año, pero se tomará más tiempo en articularlo y contar con la cobertura total. “Se tienen dos planteamientos generales y se basan en la respuesta que tenga el mismo mercado, pues es muy difícil que la administración tributaria pueda, por si misma, decirle al mercado a que ritmo va a crecer, estamos ajustando los modelos oferta demanda”, indicó. Hay un plazo de dos años para el uso de la factura electrónica, aunque las facturas en papel aún existen y se pueden seguir utilizando en forma regular. Además de que se espera que en ese plazo haya certidumbre y se reúnan todos los mecanismos de seguridad, explicó. “Y en un plazo corto, que no va más allá de cuatro años, se podrá hacer una cobertura total de las operaciones electrónicas en el país”, afirmó.

Derivado que el Agente del Ministerio Público de la Federación encabezara a finales de abril un operativo conjunto en siete domicilios del despacho contable 'Álvarez Puga y Asociados', ubicados en diversos estados de la República Mexicana, como parte de una investigación oficial por presunta evasión fiscal y daños al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el SAT ha advertido a las empresas que 'fueron asesoradas' por ese despacho que de no regularizar su situación en un plazo de 15 días naturales se harán acreedores a sanciones. De esta forma el Sistema de Administración Tributaria ha convocado a los empresarios que, bajo la asesoría de los Álvarez Puga, incurrieron en prácticas de Outsourcing para que regularicen su situación. De no hacerlo se podrían hacer acreedores 'no sólo a sanciones administrativas', advierte la instancia federal. La serie de investigaciones en contra del despacho, iniciaron por la denuncia que interpuso el IMSS en la Procuraduría General de la República por la falta de pago de varias empresas, que asesoradas fiscalmente por la firma, incursionaron en el sistema de outsourcing, que consiste en evadir impuestos mediante argucias legales, pagándoles a los empleados por su productividad pero negándoles las prestaciones de ley

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió una alerta de ataques informáticos contra los contribuyentes, a quienes bajo la promesa de devolver supuestos saldos a favor a nombre de ese organismo se les piden datos personales para el robo de información confidencial. Por medio de al menos seis direcciones electrónicas los piratas informáticos han desplegado el envío de correos electrónicos para sorprender a los contribuyentes. Informó que los remitentes apócrifos detectados son contacto@sat.com.mx, contacto@shcp.com, contacto@shcp.gob.mx, sat@shcp.org.mx. El más reciente es info@tax refund2010.com.mx. Ninguno, dijo el organismo fiscal, pertenece al SAT ni a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ni a la Secretaría de Economía (SE).

El SAT, que encabeza Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, se ha negado en forma tajante a entregar la información sobre los montos y nombres de los beneficiados por la cancelación de los créditos fiscales, con el argumento de que constituye una violación al secreto fiscal. El caso se ha convertido en el más controvertido en los seis años de existencia del IFAI y ha generado una gran polémica entre quienes defienden la postura del SAT, por el temor de que se siente un precedente negativo que permita la divulgación de información confidencial de los contribuyentes y quienes sostienen que debe haber una apertura de la información para avanzar en transparencia y porque la cancelación de los créditos fiscales en 2007 implicó para el erario público un quebranto de cerca de 74 mil millones de pesos. Al respecto Ángel Trinidad Zaldívar, comisionado del IFAI y el principal defensor de la apertura de la información, explica que este monto equivale a seis veces el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social. Asegura que no hay violación al secreto fiscal y sostiene que esta información sí debe divulgarse por ser de obvio interés público y porque permitirá saber si realmente las autoridades no actuaron con discrecionalidad. Por su parte, el SAT insiste en actuar conforme a la ley y que la cancelación de los créditos, que no elimina la obligación de pagar el adeudo fiscal, se realizó mediante un proceso informático con varios criterios: si el deudor falleció o desapareció sin dejar bienes a su nombre; si fue declarado en quiebra; cuando no hay datos que permitan identificarlo; en créditos de ocho años o más de antigüedad; y cuando son menores a 11 mil 500 pesos y tienen más de tres años de antigüedad. Lo que resulta extraño es que el SAT no esté dispuesto a divulgar la información, incluso de los deudores que ya fallecieron o que fueron declarados en quiebra, porque evidentemente se trata de créditos que ya no podrían ser cobrados y en los que se justifica la cancelación. El próximo 19 de mayo será un día clave en esta controversia ya que se realizará la audiencia para que el juez determine si otorga o no la suspensión definitiva en el juicio de amparo que presentaron los principales funcionarios del SAT para no entregar la lista de los beneficiados