28/Sep/07 0:44
A continuación transcribo una nota que apareció en los periódicos de circulación nacional y espero sus comentarios:
Gil Díaz otorgó “perdón fiscal” a 9 empresarios
La SHCP confirma que durante el sexenio de Vicente Fox, el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, “perdonó” a nueve grandes empresarios mexicanos, quienes supuestamente evadían impuestos. Sin dar a conocer las negociaciones mediante las cuales los patrones eludieron la cárcel, el exfuncionario invocó el controvertido artículo 92 del Código Fiscal de la Federación conocido como “perdón fiscal”
Zósimo Camacho
Durante el gobierno de Vicente Fox, el entonces titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Francisco Gil Díaz, “perdonó” a nueve evasores de impuestos. Sin rendir cuentas a nadie, y de manera discrecional, el llamado fiscal de hierro ordenó que se sobreseyeran los procesos penales abiertos contra nueve contribuyentes, quienes supuestamente habían cometido delitos fiscales.
La facultad, establecida en el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, no fue invocada por ningún secretario en más de 20 años, hasta que Gil Díaz decidió perdonar a nueve personas, “de las que no sabemos si son sus amigos o a cambio de qué los perdonó”, señala el secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, Antonio Soto Sánchez.
La SHCP, a través de su Unidad de Enlace, confirma a Fortuna que el creador de Integradora de Servicios Operativos, S. A. (ISOSA), y actual presidente de Telefónica México y consejero del Banco Internacional HSBC, decidió beneficiar a nueve personas para que se les “cancelaran” las órdenes de aprehensión y sus casos fueran cerrados.
“De enero de 2000 a diciembre de 2006 se hicieron nueve peticiones de sobreseimiento de procesos penales relativos a delitos fiscales”, señala Hacienda en la respuesta a la solicitud de información 0000600100707. Sin embargo, la Secretaría se niega a identificar a los nueve empresarios privilegiados –de un total de casi 19 millones de contribuyentes activos– y los montos que les fueron “perdonados”.
“La información contenida en los expedientes respectivos está reservada”, advierte la SHCP, y agrega que ni siquiera otorgará una versión pública de los documentos porque “los expedientes relacionados con el presente asunto han sido clasificados como reservados en todas sus partes y por un periodo de 12 años”.
En su respuesta al requerimiento de Fortuna, el Comité de Información de la Secretaría –integrado por Héctor de la Cruz Ostos, director de Recursos Humanos; Rafael Sandoval Giles, jefe de la Unidad de Legislación Tributaria, y Suhaila María Núñez Elías, titular del Órgano Interno de Control– aduce que, de revelarse la información, se estarían violando los secretos comercial, fiscal, bancario o fiduciario.
Además, la dependencia federal argumenta que la divulgación de la información podría “causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia, la recaudación de las contribuciones, las operaciones de control migratorio, las estrategias en procesos judiciales o administrativos, mientras las resoluciones no causen estado”. Todo ello, a pesar de tratarse de expedientes cerrados.
El asidero jurídico del “perdón fiscal” se encuentra en el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, donde se señala que “los procesos por los delitos fiscales (…) se sobreseerán a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando los procesados paguen las contribuciones originadas por los hechos imputados, las sanciones y los recargos respectivos, o bien estos créditos fiscales queden garantizados a satisfacción de la propia Secretaría. La petición anterior se hará discrecionalmente, antes de que el Ministerio Público Federal formule conclusiones y surtirá efectos respecto de las personas a que la misma se refiera”.
Así, la ley establece que basta con que Hacienda negocie con el procesado y se declare “satisfecha” con el acuerdo. Aunque el Código dice que los créditos fiscales deben quedar “garantizados” o saldados los adeudos y los montos por las acciones, la SHCP no está obligada a rendir cuentas a nadie ni a informar de qué manera se saldarán las deudas fiscales.
El diputado Jorge Estefan Chidiac, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, dice que “cualquier facultad discrecional siempre se presta a que se haga uso de ella con fines totalmente ilegales”. Sin embargo, reconoce que “hasta el momento, el perdón fiscal no es un tema que nos haya preocupado”.
El legislador por el Partido Revolucionario Institucional se muestra de acuerdo con la existencia del “perdón fiscal”; pero agrega que debe regularse “para que deje de ser una atribución personalísima, en la que los beneficiarios sólo son por palancas o sobornos”.
Antonio Soto Sánchez, diputado por el Partido de la Revolución Democrática y secretario de la Comisión de Hacienda, considera que las disposiciones del artículo 92 del Código Fiscal son “inaceptables” para el México del siglo XXI.
“Se trata de una disposición que no trata igual a todos los mexicanos. Sólo los grandes empresarios tienen acceso a esos niveles de negociación que involucran directamente al secretario de Hacienda. Es sorprendente que persista una ley tan inequitativa, poco transparente y discrecional. Prácticamente está estipulado que el perdón depende de una persona, de un funcionario, y no de lo que determine la ley.”
El legislador rechaza las condicionantes establecidas en el propio artículo 92 del Código. “Se trata de reglas mínimas e insuficientes que tratan de ocultar lo que pronto debe quedar como parte del pasado”.
De los “perdones” otorgados durante el sexenio pasado, sólo trascendió el de David Peñaloza, presidente de Triturados Basálticos, S. A. (Tribasa), empresa a la que se le consideró la “favorita” del sexenio de Carlos Salinas.
Las columnas Bajo Reserva, de los reporteros de El Universal, e Indicador Político, de Francisco Rodríguez, publicada en La Crisis; así como José Yuste, en Mundo Ejecutivo, documentaron en 2004 las negociaciones con las que Peñaloza pudo eludir la cárcel a cambio de sus acciones en el Grupo Aeroportuario del Sureste por 29 millones de dólares.
El empresario que a finales del sexenio salinista se encontraba entre los más ricos del mundo, según la revista Forbes, no pisó la cárcel a pesar de que el entonces procurador fiscal, Ismael Gómez Gordillo, le integró un expediente por defraudación. La causa penal 32/2002 derivó de la averiguación previa 1032/FEFSF/2001, luego de que Tribasa omitiera el pago del impuesto al valor agregado durante todo el ejercicio fiscal de 1999.
Para el legislador Antonio Soto, el caso del empresario es un ejemplo de “para qué sirve el perdón fiscal y por qué está ahí”. De acuerdo con el diputado, la facultad discrecional sirve para extorsionar o premiar a integrantes de la clase política empresarial.
“La disposición conocida como perdón fiscal es uno de los mecanismos que creó el grupo en el poder para pagar favores recibidos en las campañas electorales o castigar a los adversarios. Se trata de una cláusula para favorecer a los empresarios con quienes se hicieron compromisos.”
Soto Sánchez lamenta que la SHCP se reserve no sólo los nombres de quienes son privilegiados sino incluso los montos “perdonados”.
“Es incorrecto que no tengamos la información de cuántas personas han recibido este perdón fiscal. Como legisladores hemos solicitado muchísimas veces estos datos y no se nos han entregado. Es necesario que se sepan los nombres y apellidos de las personas físicas y morales que han sido favorecidas con esa cláusula, así como los montos perdonados.”
Año V No. 56 Septiembre 2007
