El impacto de la reforma agraria de 1992: Una perspectiva social

La lucha por la propiedad de la tierra ha sido una constante a lo largo de la historia de México. Desde la época prehispánica la distribución de la tierra determinó la organización de la sociedad; por ejemplo, en la civilización mexica, el tlatoani era el propietario original de la tierra y otorgaba a sus súbditos una porción de tierra comunal para la vivienda, la producción propia y la producción común. Esta forma de trabajar la tierra constituye la base del ejido y se basa en el derecho ancestral de las comunidades indígenas sobre la tierra basado en el principio de que la tierra es de quien la trabaja. Actualmente, la mayor parte del territorio se encuentra bajo el régimen de propiedad ejidal o comunal. Según el Censo Ejidal de 2009 existen 31, 514 ejidos en el país que constituyen una superficie total de 105, 948, 306.16 HA[1]. Más allá del ámbito jurídico, el ejido es una estructura social, actualmente en peligro de desmoronarse a raíz de la última gran reforma agraria de 1992. La pobreza, la migración y la delincuencia organizada parecen ser las únicas alternativas para los miembros de los ejidos.                                  El sexenio de Carlos Salinas de Gortari se caracteriza por una política económica neoliberal. Con la reforma agraria de 1992 se debilitó la función del Estado en el campo, esperando también que los campesinos se integraran a la iniciativa privada. Dentro de este marco se llevó a cabo la reforma permitiendo la privatización de las parcelas ejidales; es decir, pasar del régimen de propiedad social al de propiedad privada. Si bien la reforma buscaba fomentar el desarrollo del campo, permitiéndole a los ejidatarios brindar sus tierras como garantía para créditos, muchos terminaron vendiendo sus tierras. En 1990 de un total de 81, 249, 645 habitantes, 23, 289, 963 vivían en poblaciones con menos de 25, 000 habitantes; mientras que en el 2005 de un total de 103, 263, 388 sólo 24, 276, 536 vivían en poblaciones con menos de 25,000 habitantes.[2]Esto indica que se generó un crecimiento mayor de las zonas urbanas. El abandono de una política de fomento del campo propició también la baja de la permanencia de los jóvenes de sus comunidades. Según el INEGI, 12,997 ejidos son un lugar donde los jóvenes al alcanzar la edad adulta no se incorporan a las actividades propias de éste; de los cuales los jóvenes de 8,805 ejidos emigran a Estados Unidos.                                  Otro factor que contribuyó al desaprovechamiento de la fuerza laboral de los campesinos fue la crisis financiera de 1994. Debido a la crisis económica de esa década, no fue posible incorporar tanta mano de obra en las actividades industriales y de manufactura. Es decir, la fuerza de trabajo ocupada para las actividades económicas de los ejidos no encontró otra fuente de trabajo para ser aprovechada.[3]                                  Si bien el ejido desde la época post-revolucionaria hasta la reforma agraria de 1992 era un régimen que alimentaba el clientelismo, la corrupción, la improductividad del campo, etc. – sólo por mencionar algunos de sus problemas – la restructuración forzada por estas políticas no tuvo los efectos perseguidos. La pobreza rural en la que vivían los campesinos fue sustituida por la pobreza urbana y por otras estructuras de clientelismo formadas por la migración a las zonas urbanas. [4]