México: Cuando el Estado hace pagar a justos por pecadores

La creciente tendencia de las autoridades mexicanas a restringir derechos, eliminar beneficios e imponer nuevas obligaciones bajo el argumento de combatir prácticas fraudulentas está alcanzando niveles que merecen una reflexión profunda. Lo que en principio podría considerarse una política legítima de prevención y control comienza a revelar un patrón preocupante: ante las irregularidades cometidas por algunos, la respuesta institucional consiste, cada vez con mayor frecuencia, en imponer consecuencias a todos.