Uso de e.firma en procedimientos anti-lavado

En el marco del combate al lavado de dinero, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) otorga facultades a diversas autoridades, entre ellas el Servicio de Administración Tributaria (SAT), para verificar el cumplimiento de las obligaciones asociadas a las denominadas actividades vulnerables. No obstante, el ejercicio de dichas facultades debe ceñirse rigurosamente a los principios del debido proceso y legalidad administrativa. A continuación, se analiza desde una óptica jurídica y constitucional, la improcedencia del uso de firma electrónica avanzada en órdenes de verificación y demás actos administrativos en el contexto de la LFPIORPI, conforme a la supletoriedad de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA) y lo dispuesto en el Artículo 16 constitucional.