¿Cómo se distribuirá el gasto público en 2022? Entrevista 1a. parte

Entrevista con Iván Benumea del Programa de Justicia Fiscal de Fundar.

Gerardo Campos Torres

Consultor fiscal en Leal Benavides y Cía. Investigador en Fiscalia.com.

Contador público y financiero por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,

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A propósito del inicio de la discusión de la Ley de Ingresos en la Cámara de Diputados y con el objetivo de fomentar el diálogo en torno al Paquete Económico para el 2022, Fiscalia concretó una entrevista con Iván Benumea, coordinador del Programa de Justicia Fiscal de Fundar.

Un grueso de los puntos tratados se relaciona al gasto presupuestario y a cómo este gasto está siendo distribuido. En consecuencia, se tratan puntos como:

  • ¿En qué está gastando el gobierno?
  • ¿ Existe una correcta asignación de recursos?
  • ¿Cómo se financia el Estado y cómo puede obtener más recursos?

Para conocer la totalidad de las observaciones de Fundar respecto al Paquete Económico, consulte su análisis Paquete Económico 2022.

La evaluación (y urgente reevaluación) del gasto público
Benumea inicia señalando que, a diferencia del presupuesto para el 2021, este año se presenta un aumento en el gasto destinado a salud. De acuerdo con las observaciones de Fundar, este aumento en el gasto obedece mayormente a los Programas de Vacunación y el programa de medicamentos gratuitos para personas sin seguridad social laboral.

Pese a este aumento bien recibido, añade, el gasto en salud sigue por debajo del 6% del PIB que es recomendable a nivel internacional.

Al preguntársele sobre si el gasto público está siendo correctamente distribuido, Benumea responde que, si bien en esta administración no se ha presentado un escándalo de corrupción vía programas sociales, considera que es necesario revaluar la existencia de programas sociales que contribuyan al crecimiento sustentable del país.

No obstante, agrega, esta perspectiva no está presente en los programas sociales vigentes.

Programas sociales: en inercia
Benumea indica que esta administración ha apostado por los programas prioritarios que ya desde antes de la pandemia había decidido implementar, y que “si bien muchos de ellos benefician a personas de bajos ingresos, son insuficientes para pensar en cómo las personas de bajos ingresos incrementan todavía más sus ingresos y logran incorporarse a la formalidad”.

En ese sentido, aun cuando el empleo formal se ha recuperado[1], los programas que se plantearon al inicio de la administración continúan recibiendo recursos y siendo implementados como si no se hubiese presentado la pandemia.

“Estamos manteniendo una inercia que ya se presentaba antes de la pandemia, en lugar de explorar nuevos mecanismos para que los recursos incrementen y puedan dirigirse a políticas públicas que logren incrementar los ingresos de la gente”.

Frente a falta de flexibilidad por modificar los planes sexenales originales, es pertinente una reevaluación de los programas gubernamentales e, indica Benumea, explorar políticas más profundas hacia el mediano y largo plazo que se encaminen hacia superar mejor los efectos de la pandemia y lograr que la gente tenga más posibilidades de desarrollarse.

“Hay insuficientes recursos considerando la pobreza que nos caracteriza”
Al preguntar sobre la necesidad de más recursos o de una mejor asignación del gasto, Benumea resalta cómo se ha presentado una reducción del presupuesto en cultura a nivel federal en los últimos años y que la actual administración no ha revertido esta tendencia.

También, señala que el gasto en tecnología, el cual contribuiría a más empresas y más investigaciones, continúa por debajo del 1% que por ley debe ejecutarse.

Asimismo, aún con el Tren Maya como proyecto prioritario, México continúa muy por debajo de lo que debería invertirse en infraestructura “para que sea posible que más empresas se instalen, que las personas viajen más, que haya más hospitales públicos en distintos lugares”.

“Y si nos vamos tema por tema, lo que vamos a ir descubriendo es que no sólo hay que mejorar la ejecución del gasto, sino también incrementar los recursos disponibles”.

“El problema de gasto público”, señala Iván, “es que hay insuficientes recursos considerando la pobreza que nos caracteriza y que es necesario redistribuir los ingresos y las riquezas de quienes tienen más en favor de los grupos que no están en la misma posición”.

¿Es suficiente la recaudación para cubrir el gasto?
Actualmente, el Ejecutivo plantea una recaudación tributaria que ronda en el 13.7% del Producto Interno Bruto (PIB)[2], siendo que el promedio de la OCDE es de 33.8%[3]. En ese sentido, México es uno de los países de la OCDE con los índices de recaudación tributaria más bajos.

Pese a los riesgos que esta situación conlleva, el Ejecutivo no pareciera tomar medidas más enfáticas en torno a una mayor recaudación con respecto al PIB. De acuerdo con el pronóstico de los ingresos presupuestarios del sector público para los ejercicios fiscales de 2023 a 2027, el Ejecutivo sigue planteando una recaudación que, en promedio, ronda en el 14.2% del PIB.

Benumea señala que este problema recaudatorio no ha sido totalmente atendido, a pesar de los avances contra la elusión y evasión fiscal que caracterizan a la actual administración.

Además, señala como preocupante el hecho de que la autoridad no apueste por el incremento de la recaudación tributaria, ya que esto acota la posibilidad de distribuir el ingreso hacia gastos como el sector salud o el financiamiento de mejores programas sociales

“Debemos vigilar la disposición del presupuesto, muy al pendiente en la forma en que el presupuesto termina ejecutándose”. Luego añade, “somos muy enfáticos en [que se debe] mejorar la forma en que se recaudan impuestos en el país, principalmente el impuesto sobre la renta (ISR), porque permite que las generaciones futuras vean sus derechos garantizados”.

En efecto, existen estudios que indican que la capacidad de un Estado para recaudar impuestos deriva en su desarrollo[4]. En ese sentido, el fortalecimiento de instituciones que garanticen derechos humanos y el impulso económico depende en cierta medida de los recursos tributarios que un Estado logra recaudar.

Deuda e impuestos: recursos complementarios
Adicionalmente a los recursos tributarios y no tributarios, como lo son los ingresos petroleros, el Gobierno Federal propone incurrir durante el 2022 en mayor endeudamiento para solventar los gastos públicos.

“El endeudamiento no es malo, como suele creerse”, resalta Benumea, siempre y cuando estos recursos se ejecuten en áreas claves para el desarrollo económico y la garantía de los derechos humanos”. Adiciona que, a diferencia de otros países, la relación PIB-endeudamiento en México ronda el 50%, lo cual refleja un bajo riesgo en el corto plazo.

No obstante, pese al cambio positivo en la postura del Gobierno con respecto a la deuda, Benumea señala que el incremento de deuda “no puede ser la única estrategia para elevar los ingresos públicos” y que es importante que exista un aumento en las tasas del impuesto sobre la renta o reducir las exenciones de este gravamen que permitan complementar la estrategia de endeudamiento.

¿Más y mejores impuestos?
El incremento de recursos a través de la vía tributaria no debe realizarse, según Benumea, de forma aislada. En vez, precisa importante discutir hacia dónde es que se deben dirigir esos recursos: con más recursos es posible invertir en las instituciones que vigilan la implementación del gasto público y, en general, en toda la estructura que beneficiaría a los programas gubernamentales existentes.

Respecto al aumento en la recaudación tributaria, Benumea es enfático en que este aumento no debe provenir del Impuesto al Valor Agregado, argumentando que el carácter regresivo del gravamen afecta a las personas de menores ingresos. En consecuencia, los aumentos de recaudación deben provenir de un sector de la población que ostenta altos ingresos y que en la actualidad no es gravado correctamente. En ese sentido, Fundar ha analizado el impacto recaudatorio de las exenciones de impuesto en herencias multimillonarias y los gastos fiscales otorgados sin evaluación alguna.

Sobre Fundar e Iván Benumea
En palabras de Iván Benumea, Fundar es una organización de la sociedad civil, que, entre otras cosas, promueve la justicia fiscal, entendida como un sistema fiscal que recaude en función de la capacidad contributiva de las personas y empresas, en un marco de rendición de cuentas y transparencia y que esos recursos se gasten en favor de la garantía de los derechos humanos por sobre otro tipo de proyectos o programas que no necesariamente impactan positivamente en la vida de las personas.

Iván Benuma es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en finanzas públicas y su vínculo con los derechos humanos. En Fundar, es coordinador del Programa de Justicia Fiscal, trabajando diversos proyectos relacionados con política fiscal, desigualdad, derechos humanos y acceso a la información. Anteriormente, de 2016 a 2019 se desempeñó como investigador en el Programa de Justicia Fiscal y de 2013 a 2016 fue investigador del área de Estrategias Jurídicas en Fundar, donde colaboró en diversos litigios relacionados con derechos económicos, sociales y culturales y acceso a la información. En 2016, coordinó la investigación «Privilegios Fiscales. Beneficios Inexplicables para Unos Cuantos».

Para más información sobre Fundar el trabajo de análisis en torno al Paquete Económico, consulte:

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Esta publicación es la primera de dos partes de la entrevista a Fundar. La siguiente publicación se centrará en las reformas a las leyes tributarias, el Régimen Simplificado de Confianza, los gastos tributarios y las propuestas para una mejor recaudación.

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Notas al pie

[1] Salvo en el caso de las mujeres, quienes no han logrado incorporarse al trabajo formal a niveles prepandemia, sumado a además a la brecha salarial y otros fenómenos persistentes.

[3] Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2021 – México https://www.oecd.org/tax/tax-policy/estadisticas-tributarias-america-latina-caribe-mexico.pdf

[4] Timothy Besley & Torsten Persson, 2009. "The Origins of State Capacity: Property Rights, Taxation, and Politics," American Economic Review, American Economic Association, vol. 99(4), pages 1218-44, September.

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