En la era de la tecnología no caben propuestas como la de PRODECON

Uso de la tecnología en el combate a la venta de facturas.

Gustavo Leal Cueva

Socio de Leal Benavides y Cía., S.C., Consultores Fiscales. Fundador y CEO de Fiscalia.com, empresa de servicios de información fiscal en Internet.

Profesor de Cátedra en el ITESM Campus Monterrey y Catedrático de la Maestría en Impuestos en el Instituto de Especialización para Ejecutivos (IEE).

Estudios de Doctorado en Ciencias Fiscales, Maestría en Impuestos con Mención Honorífica en el IEE, Contador Público por el ITESM. Estudios en la Universidad de Colorado en Boulder, Colorado, EUA.

Ex-Socio del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A.C. (IMEF) y miembro del Consejo Directivo y de distintos Comités. Ex-Socio del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, A.C. (ICPNL).

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) ha presentado a consulta pública una propuesta de reforma fiscal denominada “Propuesta de Reformas Legales para Combatir la Comercialización de Comprobantes Fiscales que Amparan Operaciones Inexistentes o Simuladas”, a través de la cual se propone una retención de las dos terceras partes (10.66%) del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y 10% del Impuesto sobre la Renta (ISR) a la prestación de servicios en general. Los obligados a efectuar la retención serían las personas morales y las físicas con actividad empresarial.

Problemática
Un análisis en el que se expone la problemática de la implementación de una reforma de estas características fue publicado el 28 de septiembre de 2018, bajo el título 'Problemática de la propuesta de PRODECON para retención de IVA e ISR a servicios', entre cuyos puntos destacan los siguientes:

Generalización de la retención: Cualquier servicio sería sujeto de retención, sin importar si es de índole civil o mercantil, siempre que quien pague por él sea una persona moral o una física con actividad empresarial. Servicios como el telefónico, de la compañía de cable, de aerolíneas, de Internet, de vigilancia, de reparación o mantenimiento de equipo, etc., serían sujetos de retención tanto de IVA como de ISR.

Afectación a los flujos de efectivo: Una retención del 10% de ISR calculado sobre los ingresos, no de la utilidad, sino de su flujo de operación, representa un gran reto para operar. Adicional a esto se retendría el 10.66% de IVA. Cuando estas cantidades quedan a favor y las devoluciones se obstaculizan, el problema financiero es considerable. Al margen de que algunos de estos impuestos serán acreditables contra el propio impuesto o contra el retenido a terceros, en muchos casos el 20.66% del flujo de una empresa es mucho mayor a los impuestos que pueda causar, lo que indefectiblemente ocasionará saldos a favor.

Aspectos administrativos y operativos: Será necesario identificar en qué régimen tributan los clientes, para poder así identificar si se les factura con retención o sin retención. Tendrán entonces que establecer procedimientos administrativos para tales efectos. Por su parte, los contribuyentes, que no son especialistas en impuestos y que se dedican sólo a su negocio, pueden no saber en qué régimen tributan y, en consecuencia, no saber si están obligados a retener o no. Adicionalmente, muchos contribuyentes pueden ni siquiera saber que están obligados a efectuar la retención y, en consecuencia, podrían sufrir castigos fiscales por lo complicado de tanta disposición.

Imprecisiones: Las personas físicas tienen facetas empresariales y personales. Hay gastos que corresponden a su actividad empresarial, a otra actividad, o bien, son efectuados por motivos personales. No está claro que la persona física que tenga actividad empresarial siempre estará obligada a retener, o sólo cuando el gasto sea de la actividad, situación que abona a la complejidad del esquema.

Desperdicio tecnológico
En esta era de la tecnología, inteligencia artificial e innovación computacional, con datos tan completos sobre las transacciones que el SAT recibe en tiempo real proveniente de la facturación electrónica (CFDI), en lugar de pensar en mayores cargas administrativas y financieras para los contribuyentes, deberían enfocarse los esfuerzos de fiscalización en el aprovechamiento de estos recursos informáticos.

Lo que se busca atacar es la venta de facturas, se dice como objetivo. Las facturas se envían al SAT el momento de su generación, y estas contienen una cantidad de información específica sobre los contribuyentes participantes en la operación y los detalles de la misma. Se pueden desarrollar patrones de comportamiento de los factureros, si no es que ya existen, y con base en esto desarrollar algoritmos de detección de operaciones fraudulentas.

Entre los datos con los que cuenta la autoridad están: Fecha de creación de las empresas, actividad, detalle de los servicios facturados, domicilio, clientes a los que vende, montos, datos bancarios. Estos datos deben evaluarse conforme a patrones de comportamiento fraudulento, incluso se puede utilizar tecnología de geolocalización para identificar las zonas más propensas a estas prácticas y hasta identificación física de instalaciones por medio de mapas virtuales, identificando así el tipo de instalaciones con las que cuentan.

La explotación de datos de este tipo lo hacen tanto instituciones privadas como gubernamentales en otros países, y lo hacen aún sin tener el detalle de datos como el que genera una factura electrónica.

La tecnología existe, la información está disponible; esto debería ser suficiente para fiscalizar a estas empresas y olvidarse de implementar esquemas tan gravosos para los contribuyentes.

Las instituciones gubernamentales deben cambiar su mentalidad de establecer cargas a las empresas y comenzar a hacer el uso debido de la tecnología que han obligado por años a las empresas a implementar. No hacerlo así representa un desperdicio de la tecnología, del tiempo, de los recursos y de la riqueza que para todos conviene generar.

Para fiscalizar estas operaciones se requiere voluntad, no se requieren nuevas leyes o nuevos esquemas. La información y los medios están disponibles. Es un deber aprovecharlos.

No es aceptable que en tiempos de avances tecnológicos como los que vivimos, se continúen presentando propuestas como la de PRODECON, que no toman en cuenta los recursos con los que ya cuenta el gobierno. Tampoco es aceptable que en esta era de la automatización, sea cuando más carga administrativa se imponga a las empresas y se les obstaculice el manejo de los recursos económicos.

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